El agua vale más que el oro: lo que está en juego con la modificación de la Ley de Glaciares

En un contexto de crisis climática global, donde las sequías son cada vez más frecuentes y las fuentes de agua dulce se vuelven estratégicas, Argentina avanza en una modificación de la Ley de Glaciares que, lejos de fortalecer su protección, abre la puerta a mayores riesgos. Esta decisión no es técnica ni neutral: define cómo protegemos —o exponemos— nuestras reservas de agua más críticas.

Los glaciares y ambientes periglaciares no son paisajes lejanos: son fábricas naturales de agua. Regulan caudales, abastecen ríos y sostienen ecosistemas enteros, además de actividades productivas como la agricultura y la ganadería. Debilitar su protección implica, en términos concretos, poner en riesgo el acceso presente y futuro al agua.

¿Qué implica esta modificación?

La modificación de la Ley de Glaciares apunta a flexibilizar definiciones y zonas protegidas, habilitando actividades —como la minería— en áreas que antes estaban restringidas. En la práctica, esto significa:

• menor nivel de protección sobre ambientes periglaciares, claves para el almacenamiento y regulación del agua,

• mayor margen para el desarrollo de proyectos extractivos en zonas sensibles,

• debilitamiento del principio preventivo que prioriza el cuidado del recurso hídrico.

En otras palabras: se pasa de una lógica de protección a una lógica de habilitación, en un momento donde el contexto climático exige exactamente lo contrario.

¿Qué es la minería y por qué genera impacto?

La minería metalífera a gran escala —especialmente la que utiliza métodos como la lixiviación— implica remover grandes volúmenes de roca y utilizar sustancias químicas para separar minerales como oro, plata o cobre.

Este proceso conlleva impactos documentados por la evidencia científica:

• contaminación de agua con metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y arsénico,

• alteración de cursos de agua y reducción de su calidad,

• generación de drenaje ácido, que puede persistir durante décadas,

• dispersión de partículas contaminantes en aire y suelo.

Investigaciones científicas recientes muestran que estos contaminantes no se quedan en el sitio de extracción: se trasladan a ríos, suelos, pasturas y alimentos, afectando tanto ecosistemas como salud humana.

Además, muchas explotaciones mineras se ubican en cabeceras de cuenca, es decir, en el origen de los sistemas hídricos. El riesgo, por lo tanto, no es local: se propaga aguas abajo.

El argumento del empleo: ¿cuánto genera realmente la minería?

Uno de los principales argumentos a favor de la expansión minera es la generación de empleo. Sin embargo, los datos muestran una realidad más acotada:

• En Argentina, la minería empleaba alrededor de 39.657 personas (julio 2024).

• Esto representa apenas 0,6% del empleo privado registrado.

Además, no todos esos trabajos corresponden a empleo directo en minas. Una parte importante se distribuye en:

• servicios tercerizados,

• tareas de exploración,

• logística y financiamiento.

Esto revela dos puntos clave:

1. El empleo minero es limitado en escala dentro del total de la economía.

2. No todos los puestos son estables ni de largo plazo, ya que muchos dependen de etapas de exploración o proyectos específicos.
   

¿Compensa el empleo el daño ambiental?

La evidencia sugiere que no.

Los impactos de la minería no solo afectan el ambiente, sino también otras economías:

• pérdida de productividad agrícola,

• afectación de pastizales y ganadería,

• contaminación de fuentes de agua para consumo humano,

• conflictos sociales por el uso de recursos.

Es decir, mientras genera empleo en un sector acotado, puede destruir o degradar múltiples fuentes de trabajo en otros sectores más amplios y sostenibles.

Desde una perspectiva económica integral, esto implica que el balance no es positivo: los costos ambientales y sociales superan ampliamente los beneficios laborales.

Agua, crisis climática y responsabilidad colectiva

En este escenario, la defensa del agua no es una consigna simbólica: es una necesidad estratégica.

Más de 900.000 personas ya firmaron la demanda colectiva impulsada por Greenpeace para frenar el avance sobre los glaciares. Pero en un país de millones de habitantes, ese número debería ser mucho mayor.

Porque lo que está en juego no es solo una ley. Es el acceso al agua. Es la salud de los ecosistemas. Es la base de nuestras economías regionales. Es el futuro. Hoy tenemos la oportunidad de ser parte de la demanda colectiva más grande de la historia en defensa de nuestros glaciares y del agua. Ya somos cientos de miles quienes dijimos que no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras ponen en riesgo nuestras reservas de agua dulce. Sumate vos también, porque defender los glaciares es defender la vida, el ambiente y el futuro de todos. Firmá acá: Acción Colectiva por los Glaciares

Una decisión de fondo

Cuando se plantea el dilema entre minería y protección ambiental, muchas veces se presenta como una elección entre desarrollo o conservación. Pero esa es una falsa dicotomía.

No hay desarrollo posible sin agua.

Por eso, afirmar que el agua vale más que el oro no es una metáfora exagerada. Es una conclusión basada en evidencia, en datos y en una comprensión básica de lo que sostiene la vida.

Hoy, más que nunca, la pregunta es clara:¿vamos a proteger nuestras reservas estratégicas o vamos a ponerlas en riesgo por beneficios de corto plazo?

La respuesta que demos definirá mucho más que una política pública. Definirá el país que queremos habitar.